DIPAMPCO en problemas: Once agentes a juicio por tortura, robo y abuso de poder
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. – El sistema de seguridad hondureño vuelve a quedar bajo la lupa tras confirmarse que once agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) enfrentarán un juicio oral y público por una serie de delitos graves que incluyen tortura, robo agravado, privación ilegal de la libertad y falsificación de documentos.
El proceso judicial, impulsado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) del Ministerio Público, se desarrollará del 4 al 8 de mayo en el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Los once imputados —entre ellos Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez y Fernando Josué Castellanos Canales, junto a otros ocho agentes— son señalados por una serie de hechos que, de comprobarse, evidenciarían un patrón de abuso de poder dentro de una unidad clave en la lucha contra el crimen organizado.
Según el expediente fiscal, los agentes habrían cometido allanamiento ilegal, robo con violencia continuado, detención arbitraria y tortura, delitos que colocan el caso en una de las categorías más sensibles en materia de derechos humanos.
Las acusaciones se remontan al 13 de noviembre de 2023, cuando presuntamente los agentes irrumpieron en una vivienda en la colonia Real del Puente, en Villanueva, Cortés, sin orden judicial.
Durante el operativo, la Fiscalía sostiene que se vulneraron garantías fundamentales de un ciudadano de origen filipino, quien habría sido víctima directa de los abusos.
Actualmente, los once agentes permanecen bajo prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, a la espera del inicio del juicio, donde se debatirán las pruebas recabadas por la FEDH.
Este proceso no solo definirá la responsabilidad individual de los acusados, sino que también podría convertirse en un caso emblemático sobre la rendición de cuentas dentro de los cuerpos de seguridad.
El juicio abre un debate inevitable: ¿se trata de hechos aislados o de una falla estructural en los mecanismos de control policial? La respuesta podría tener implicaciones profundas en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de combatir el crimen.
Mientras tanto, Honduras observa un proceso que promete ser determinante, no solo para las víctimas, sino para el futuro de la credibilidad institucional y el respeto a los derechos humanos en el país.
