Presión obrera exige firma del salario mínimo en medio del alto costo de vida
TEGUCIGALPA, HONDURAS. — El sector obrero lanzó un ultimátum para concretar este mismo día el acuerdo del salario mínimo, advirtiendo que los trabajadores no pueden seguir esperando mientras el costo de vida continúa golpeando sus ingresos.
El representante de los trabajadores, Josué Orellana, fue contundente al señalar que la firma del ajuste salarial es inaplazable. “No hay mañana”, afirmó, reflejando la creciente presión social ante la pérdida del poder adquisitivo frente al encarecimiento de la canasta básica.
Aunque el dirigente se mostró optimista sobre el desarrollo de la jornada, el contexto revela una negociación marcada por retrasos y tensiones. El proceso, que debió iniciar en diciembre, arrancó dos meses tarde, lo que ha prolongado la incertidumbre para miles de trabajadores que esperan una mejora en sus ingresos.
Actualmente, las partes se encuentran en la quinta reunión, con un ambiente que Orellana califica como favorable. Sin embargo, aún persisten puntos clave por definir, como si el acuerdo será plurianual o limitado únicamente a 2026, así como la evaluación de la contrapropuesta presentada por el sector obrero.
Del lado empresarial, también existe presión: una vez firmado el acuerdo, deberán asumir el pago de la retroactividad desde enero, lo que añade un componente económico adicional a la negociación.
Más allá del optimismo, el tema refleja un problema estructural: la dificultad de alcanzar consensos oportunos en decisiones que impactan directamente la estabilidad económica del país. La tardanza en definir el salario mínimo no solo afecta a los trabajadores, sino que también genera incertidumbre en el sector productivo.
“Estamos con toda la buena energía y actitud positiva”, expresó Orellana, quien incluso aseguró que existe un 99% de probabilidad de que el acuerdo se firme este mismo día.
La expectativa ahora se centra en si este optimismo se traduce en resultados concretos o si, una vez más, las negociaciones terminan prolongando una decisión clave para miles de familias hondureñas que enfrentan un escenario económico cada vez más complejo.
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