Se vienen investigaciones y auditorias: TSC con todo contra corrupción de Libre
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció este miércoles una revisión exhaustiva de 47 contratos vinculados a la construcción de tres hospitales iniciados durante la administración de Xiomara Castro (2022-2026), en medio de investigaciones por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Según informó el portavoz del ente fiscalizador, Rodolfo Isaula, la revisión surge a solicitud de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), e involucra una voluminosa documentación de 29 mil 500 folios, relacionada con los proyectos hospitalarios de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara.
El funcionario explicó que este proceso forma parte de las acciones de control institucional para determinar si existieron fallas administrativas o financieras en la ejecución de dichas obras, que han sido señaladas por su complejidad y costos.
Paralelamente, el TSC también confirmó el inicio de una auditoría integral a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), correspondiente al período 2022-2025, durante el gobierno de la exmandataria Xiomara Castro.
Este proceso se desarrolla tras la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el presidente del TSC, Ricardo Alfredo Montes Nájera, y la titular de la OABI, Elizabeth Rodríguez Valladares, con el objetivo de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de bienes del Estado.
La auditoría, que tendrá una duración estimada de 18 meses, revisará en detalle la gestión administrativa y financiera de los fondos manejados por la OABI, institución responsable de administrar bienes incautados al crimen organizado.
El TSC adelantó que, al concluir el proceso, emitirá un informe con hallazgos, recomendaciones y posibles responsabilidades civiles, administrativas o penales si se detectan anomalías en el manejo de los recursos.
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer los mecanismos de control institucional y fiscalización del gasto público, en un contexto de crecientes demandas ciudadanas por mayor transparencia en la administración estatal.
Con esta decisión, tanto los proyectos hospitalarios como la gestión de la OABI quedan bajo una revisión integral del ente contralor, en un proceso que podría revelar información clave sobre el uso de fondos públicos en los últimos años.
