Aportantes de Koriun protestan y exigen devolución de su dinero
TEGUCIGALPA. La incertidumbre y la desesperación se apoderaron de cientos de aportantes de Koriun Inversiones luego de que se confirmara la revocación del cambio de medidas cautelares contra el exgerente Iván Velásquez, quien continuará en prisión preventiva, desatando un nuevo capítulo de tensión social en torno a este polémico caso.
Desde tempranas horas, afectados se movilizaron en buses hasta las afueras de la Penitenciaría Nacional de Támara, donde permanecieron apostados a la orilla de la carretera CA-5, en una muestra de presión que evidenció la magnitud del impacto económico y emocional que ha dejado este esquema señalado como estafa piramidal.
La reacción surge tras un confuso giro judicial: inicialmente se había informado que Velásquez recuperaría su libertad luego de que el juez aceptara el cambio de medidas, generando expectativas entre los inversionistas, quienes aseguran que el acusado prometió devolver el dinero si salía de prisión. Sin embargo, la intervención del Ministerio Público, mediante un recurso de reposición, y los señalamientos desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) provocaron que la decisión fuera revertida.
El resultado fue inmediato: lo que comenzó como una jornada de esperanza se transformó en frustración colectiva. Algunos manifestantes incluso plantearon realizar tomas en la CA-5, lo que obligó a la presencia de agentes antidisturbios para evitar bloqueos.
Las historias de los afectados reflejan una realidad cruda. Angelina Carranza, una de las aportantes, relató que invirtió dinero obtenido de trabajos informales como lavar ropa y vender tortillas, con la esperanza de financiar medicinas y emprender un negocio. “Primero Dios que Iván va a salir y nos va a regresar el pisto”, expresó, evidenciando la confianza depositada en el acusado.
Otros testimonios, como el de Daisy, revelan que familias enteras invirtieron sus ahorros con la intención de construir viviendas, sueños que se derrumbaron tras el decomiso de fondos por parte de la ATIC. A pesar de ello, muchos mantienen una fe inquebrantable en recuperar su dinero.
La presión también se trasladó al ámbito político. Algunos afectados pidieron la intervención del presidente Nasry Asfura, mientras otros exigieron respuestas claras sobre el destino de los fondos y cuestionaron decisiones de autoridades anteriores.
Más allá de las consignas, el caso deja al descubierto un fenómeno preocupante: la vulnerabilidad económica y social de miles de ciudadanos que apostaron sus recursos en un sistema sin regulación clara, así como la debilidad institucional para responder con rapidez y certeza ante este tipo de crisis.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, los aportantes advierten que continuarán con las protestas. Su exigencia es una sola: la devolución de su dinero, en medio de un escenario donde la justicia, la política y la desesperación social convergen peligrosamente.
