Gobierno acusa de “politización” a médicos mientras crecen reclamos por salarios impagos

Tegucigalpa. La tensión en el sistema sanitario hondureño escala a un nuevo nivel tras las declaraciones del viceministro de Salud, Eduardo Midence, quien aseguró que las asambleas informativas del gremio médico se encuentran “politizadas”, en medio de una crisis marcada por denuncias de salarios atrasados y precariedad laboral.

El señalamiento del funcionario se produce luego de más de una semana de medidas de presión convocadas por el Colegio Médico de Honduras, que exige el pago de hasta tres meses de salario adeudado a profesionales bajo modalidad de contrato e interinato, así como la regularización de múltiples irregularidades administrativas.

Midence fue más allá al denunciar que algunos médicos que continúan atendiendo a pacientes estarían siendo presionados por sus propios colegas, lo que —según advirtió— afecta directamente la prestación de servicios de salud y pone en riesgo a la población.

Sin embargo, desde el gremio médico la narrativa es distinta. Los profesionales denuncian incumplimientos sistemáticos, entre ellos la falta de firma de contratos, atrasos en pagos en el sector descentralizado y el incumplimiento de la base salarial, además de alertar sobre despidos injustificados y amenazas a la estabilidad laboral.

El funcionario defendió que las acciones de la Secretaría de Salud responden a la necesidad de ordenar procesos administrativos, argumentando que algunos contratos carecían de respaldo financiero y legal, por lo que se busca reestructurar el sistema bajo criterios más sostenibles.

No obstante, el conflicto deja al descubierto un problema estructural: la fragilidad del sistema sanitario, atrapado entre la presión laboral de sus trabajadores y las limitaciones administrativas del Estado, en un contexto donde los principales afectados terminan siendo los pacientes.

En medio de este escenario, Midence hizo un llamado al diálogo, reconociendo que, pese a las diferencias, es urgente alcanzar acuerdos que garanticen tanto la continuidad de los servicios médicos como la estabilidad del personal de salud.

La disputa, lejos de resolverse, evidencia una creciente desconfianza entre autoridades y gremios, alimentando una crisis que amenaza con profundizarse si no se concretan soluciones inmediatas y verificables.