Les quitan sus tierras y mandan a la policía a corretearlos, dicen los garífunas
TEGUCIGALPA, HONDURAS – La comunidad garífuna de Honduras denunció una creciente persecución y desplazamiento de sus territorios ancestrales, mientras exige al Gobierno cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), según afirmó la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, durante una protesta instalada frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
Unas 200 personas permanecían en el campamento, donde instalaron tiendas y una cocina comunitaria como parte de una protesta indefinida para exigir una respuesta estatal a la crisis territorial y la apertura de un diálogo directo con las comunidades.
Miranda aseguró que la falta de cumplimiento de las resoluciones internacionales ha agravado los conflictos por las tierras ancestrales y cuestionó que las comunidades no hayan sido convocadas para definir cómo deben ejecutarse las sentencias.
CUATRO SENTENCIAS PENDIENTES
Honduras acumula cuatro condenas de la CorteIDH relacionadas con derechos territoriales del pueblo garífuna: los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, de 2015; San Juan, de 2023; y Cayos Cochinos, de 2026.
Las resoluciones incluyen medidas relacionadas con la restitución de tierras ancestrales, consulta previa y protección de las comunidades.
La dirigente de Ofraneh también denunció que la comisión creada durante el Gobierno anterior para dar seguimiento al cumplimiento de las sentencias dejó de funcionar tras el cambio de administración.
“Si quieren cumplir la sentencia y abrir el diálogo, tienen que llamar a las instancias y a las comunidades”, sostuvo Miranda.
DENUNCIAN VIOLENTO DESALOJO EN SAN JUAN
Uno de los principales puntos de tensión se encuentra en la comunidad garífuna de San Juan, Tela, donde el pasado 6 de julio se ejecutó un operativo policial de desalojo.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que más de 200 agentes policiales participaron en la operación y señalaron el uso de gases, amenazas y disparos. Cinco defensores garífunas fueron detenidos y posteriormente liberados, aunque enfrentan un proceso por usurpación agravada.
La comunidad sostiene que el operativo vulneró la sentencia de la CorteIDH de 2023, que reconoce derechos territoriales del pueblo garífuna de San Juan. Las organizaciones también cuestionaron la aplicación de la nueva legislación relacionada con el sector agroindustrial, turismo y otros proyectos.
La Ofraneh ha exigido el cierre del proceso penal contra los defensores y ha denunciado que la defensa del territorio está siendo criminalizada.
UNA LUCHA POR TIERRAS ANCESTRALES
La población garífuna hondureña, asentada principalmente en la costa Caribe, reclama desde hace décadas el reconocimiento y protección de sus territorios ancestrales.
Para Miriam Miranda, el conflicto no se limita a la propiedad de la tierra, sino que involucra la supervivencia de las comunidades, sus derechos colectivos y su identidad cultural.
Mientras las autoridades y las organizaciones mantienen posiciones enfrentadas sobre los desalojos y la aplicación de las leyes, las comunidades garífunas continúan exigiendo que el Estado hondureño cumpla las resoluciones internacionales y establezca un diálogo efectivo para resolver la disputa territorial.
