CHE: Con la Tasa de Seguridad solo nos roban mejor quiten esa papada
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, cuestionó la permanencia de la Tasa de Seguridad Poblacional y pidió buscar mecanismos para eliminar gradualmente este cobro, al considerar que afecta el ahorro de los hondureños y que, pese a los recursos recaudados durante años, la población continúa sin conocer resultados concretos en materia de seguridad. La economista hizo sus declaraciones tras señalar que los fondos de esta tasa fueron comprometidos hasta los años 2029 y 2030 por administraciones anteriores.
Canales afirmó que el mecanismo, creado con el objetivo de fortalecer la seguridad del país, se ha convertido en un tema de preocupación debido a la falta de claridad sobre el impacto real de los recursos obtenidos.
“Desafortunadamente en periodos anteriores estos recursos se comprometieron hasta el 2029 o 2030, pero hay que recordar que el origen de la Tasa de Seguridad es sobre ahorros y el uso de las tarjetas de crédito, y eso es castigar el consumo; realmente no se ven resultados concretos”, manifestó la economista.
La exdirigente del CHE explicó que este cobro representa una carga para los ciudadanos, debido a que está relacionado con operaciones financieras como los ahorros y el uso de tarjetas de crédito, lo que, según indicó, termina afectando la capacidad económica de la población.
Asimismo, cuestionó que después de varios años de recaudación todavía existan dudas sobre el destino de los fondos y recordó que algunas personas han enfrentado procesos judiciales por presunto uso irregular de recursos provenientes de la tasa.
Canales sostuvo que la falta de resultados visibles ha debilitado la confianza ciudadana y consideró urgente fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que la población pueda conocer cómo se han utilizado los recursos aportados.
La economista señaló que el Estado debe revisar el futuro de este mecanismo y establecer una ruta que permita su desaparición progresiva, siempre que existan alternativas que garanticen el financiamiento adecuado de las estrategias de seguridad.
Finalmente, insistió en que los recursos públicos deben administrarse con mayor claridad y que los hondureños tienen derecho a conocer el destino de los fondos que han entregado durante años mediante la Tasa de Seguridad Poblacional.
