¡Tesoro de piratas o de narcos! Descubren mota enterrada en Juticalpa
JUTIAPA, ATLÁNTIDA. – Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) localizaron de una importante cantidad de supuesta marihuana escondida en una vivienda de la aldea El Cantor, donde además fue capturada una mujer señalada por el delito de tráfico de drogas agravado.
El operativo se ejecutó con apoyo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), mediante un allanamiento de morada con orden judicial, como parte de las acciones de combate al crimen organizado en la zona atlántica del país.
De acuerdo con el informe policial, la vivienda era utilizada como un supuesto centro de almacenamiento de drogas, donde los agentes encontraron diferentes puntos de ocultamiento incluso bajo tierra, evidenciando métodos utilizados para evitar la detección de las autoridades.
En la inspección, los uniformados decomisaron una bolsa plástica blanco con rojo que contenía 184 bolsitas con supuesta marihuana, con un peso aproximado de cuatro libras, listas para su distribución.
Asimismo, se encontró otra bolsa negra con aproximadamente libra y media de marihuana adicional.
En otra área del inmueble, los agentes localizaron un recipiente plástico gris, similar a los utilizados para transportar leche, que estaba enterrado y contenía alrededor de 20 libras de marihuana.
En total, las autoridades reportaron el decomiso de más de 25 libras del alucinógeno, lo que representa un golpe significativo a las estructuras dedicadas al microtráfico, además de una pérdida estimada de más de 38 mil lempiras para la red criminal.
Durante el operativo fue detenida una mujer, a quien se le presume responsable del delito de tráfico de drogas agravado, según las investigaciones preliminares.
La sospechosa fue remitida junto a la evidencia a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en La Ceiba, donde continuará el proceso legal correspondiente.
De acuerdo con el Código Penal de Honduras, el delito de tráfico de drogas agravado puede ser castigado con penas de 10 a 15 años de prisión, además de multas e inhabilitación de derechos civiles, especialmente cuando existen agravantes como grandes cantidades de droga o estructuras criminales organizadas.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en esta red de distribución en el departamento de Atlántida.
