Próxima semana se votarán las reformas penales contra crimen organizado  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. — El Congreso Nacional buscará aprobar la próxima semana un amplio paquete de reformas al Código Penal que plantea declarar como terroristas a las maras y pandillas, además de endurecer las penas por extorsión, ampliar facultades de investigación y reforzar las sanciones vinculadas al crimen organizado.

El dictamen, conocido en primer debate durante la sesión del 6 de mayo, introduce cambios de alto impacto en varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a estructuras criminales que operan dentro y fuera del país.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la reforma al artículo 587, referente al delito de asociación terrorista. La propuesta ampliaría el alcance de esta figura penal al incluir organizaciones estructuradas de cualquier tipo orientadas a la comisión de delitos graves.

La reforma establece que se considerará acción terrorista cuando se ejecuten actos como muertes intencionales, lesiones graves o toma de rehenes, siempre que el propósito sea provocar terror en la población, coaccionar a gobiernos u organizaciones internacionales o causar daños graves al país.

Además, incorpora como elemento específico el control territorial y el dominio social sobre comunidades, barrios o sectores económicos mediante violencia e intimidación.

Uno de los cambios más relevantes es que las maras, pandillas y estructuras transnacionales vinculadas al narcotráfico quedarían expresamente incluidas dentro del concepto de asociaciones terroristas, lo que representaría uno de los endurecimientos legales más severos de los últimos años.

PENAS MÁS DURAS POR EXTORSIÓN

El paquete de reformas también modifica el artículo 373 del Código Penal, relacionado con el delito de extorsión.

Actualmente esta conducta se castiga con penas de 10 a 15 años de prisión. Con la reforma, el castigo subiría a un rango de 15 a 20 años, manteniéndose además las multas económicas establecidas por la ley.

La iniciativa amplía el concepto de extorsión y ya no lo limita únicamente a la violencia o intimidación directa. Ahora incluiría también amenazas directas o indirectas, presenciales o a distancia, realizadas de forma encubierta o a través de terceros.

También se ampliaría el alcance de las conductas perseguidas, incorporando la exigencia de dinero, bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios, condonación de deudas, renuncia de derechos u otras obligaciones patrimoniales.

Otra novedad importante es que la extorsión se considerará consumada aunque no se concrete el beneficio económico buscado, lo que amplía la posibilidad de persecución penal.

La propuesta además extiende la responsabilidad a coautores, colaboradores, personas que recolecten dinero, faciliten cuentas bancarias o reciban bienes provenientes de la extorsión.

En los casos más graves, cuando el delito tenga como consecuencia la muerte de la víctima o de familiares cercanos, se mantendría la pena de prisión perpetua.

NUEVAS AGRAVANTES Y CASTIGO A REDES DE APOYO

La reforma al artículo 374 incorpora nuevas agravantes específicas.

Entre ellas figura el endurecimiento de las sanciones cuando el delito se cometa para favorecer a grupos criminales organizados, cuando provoque cierre temporal o definitivo de empresas, cuando exista reincidencia, cuando se utilice suplantación de autoridad o cuando se exploten relaciones familiares, laborales, contractuales o gremiales para ejecutar la extorsión.

También se añade una dimensión transnacional, agravando los casos en los que la operación sea planificada, dirigida o coordinada desde el extranjero, o cuando los responsables administren desde fuera del país los fondos obtenidos ilícitamente.

En el caso de funcionarios públicos que participen abusando de su cargo, la sanción de inhabilitación especial aumentaría de 15 a 20 años a un nuevo rango de 20 a 25 años.

COLABORACIÓN EFICAZ Y REDUCCIÓN DE PENAS

El proyecto también reforma el artículo 375, que regula las atenuantes específicas.

La iniciativa amplía la figura de la confesión y colaboración eficaz no solo para casos de extorsión, sino para cualquier delito cometido por estructuras criminales organizadas.

La reducción de la pena podría alcanzar hasta dos tercios cuando el imputado contribuya de forma efectiva a la desarticulación de organizaciones criminales, identifique miembros, bienes, fuentes de financiamiento y conexiones nacionales o internacionales.

Sin embargo, la propuesta establece que estos beneficios no serán aplicables a quienes ejerzan funciones de dirección, coordinación o mando dentro de la estructura criminal.

MÁS SANCIONES POR ESPIONAJE, USO DE UNIFORMES Y TELECOMUNICACIONES

Las reformas también contemplan cambios al artículo 272, sobre descubrimiento y revelación de secretos, elevando las penas por acceso indebido a información privada, interceptación de comunicaciones y difusión de material obtenido ilícitamente.

En el artículo 473, relativo al uso indebido de uniformes, insignias y equipo policial o militar, se amplía el delito para incluir también la tenencia prohibida, así como el uso de réplicas razonablemente similares.

Las penas pasarían de 2 a 4 años a un rango de 4 a 6 años, y podrían elevarse hasta 8 o 10 años cuando estos elementos sean utilizados para facilitar u ocultar la comisión de otros delitos.

Por otra parte, el artículo 522 ampliaría las sanciones contra empresas de telecomunicaciones que no registren, verifiquen o actualicen correctamente la identidad de sus clientes.

La reforma incluiría también nuevas conductas delictivas, como permitir o mantener activados servicios de comunicación mediante identidades falsas, incompletas o no verificadas.

MAYOR ACCESO A INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN A TESTIGOS

En materia procesal, el paquete modifica el artículo 237-A del Código Procesal Penal, relacionado con la declaración de personas en condición de vulnerabilidad.

La propuesta flexibiliza los medios de prueba para acreditar esa condición y fortalece la protección judicial de víctimas y testigos, especialmente en procesos vinculados a criminalidad organizada.

Además, se establece que empresas de telecomunicaciones, entidades bancarias y organismos financieros estarán obligados a proporcionar información en tiempo real a requerimiento judicial, incluso en horarios inhábiles, a solicitud del Ministerio Público.

Con estas reformas, el Congreso Nacional se prepara para abrir uno de los debates penales más trascendentales del año, en medio de la creciente presión por fortalecer la respuesta del Estado frente a la extorsión, el control territorial de maras y pandillas y el avance del crimen organizado en Honduras.