Que la «Barbie Fiscal» le haga lugar en la celda: funcionarios y exempleados del BCH a la corte por millonario robo
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. – Un total de 11 funcionarios y exfuncionarios del Banco Central de Honduras (BCH) fueron remitidos este jueves a audiencia de imputados en los tribunales de justicia de San Pedro Sula, tras la presentación de un requerimiento fiscal por el delito de malversación imprudente, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso de la exfiscal Francia Sofía Medina, según confirmaron autoridades judiciales.
La medida fue admitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, donde se desarrollará la audiencia correspondiente.
El proceso forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para esclarecer los hechos vinculados al expediente que ha generado amplia atención pública por la implicación de exfuncionarios de la institución financiera estatal.
El requerimiento fiscal incluye a los siguientes imputados:
- Ana Cristina Oliva Cáceres, exgerente del BCH en San Pedro Sula
- Virgilio Antonio Villalobo, exjefe de la División de Operaciones
- Aracely O’Hara Guillén, exgerente del BCH
- Carlos Fernando Ávila, gerente activo del BCH
- Horacio Armando Laínez Pineda, exsubgerente de Operaciones
- Alex Geovani Caballero
- Luis Arturo Avilés Moncada
- Edgardo Antonio Álvarez
- Williams Edgardo Arévalo
- Marco Tulio Nájera
Todos son señalados por el presunto delito de malversación imprudente en el marco de las investigaciones del caso.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentará los elementos de investigación recabados hasta el momento, mientras que los imputados ejercerán su derecho a la defensa conforme a la legislación hondureña.
Las autoridades indicaron que el caso sigue en desarrollo y forma parte de un proceso más amplio orientado a determinar responsabilidades en hechos vinculados a la exfiscal Francia Medina.
El expediente permanece bajo investigación y no se descartan nuevas diligencias o requerimientos fiscales conforme avancen las pesquisas y se incorporen nuevos elementos probatorios.
Se espera que, una vez concluidas las audiencias, los órganos jurisdiccionales determinen las medidas legales correspondientes según los resultados del proceso y los argumentos presentados por las partes involucradas.
