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Corrupción e impunidad nos salen caro ¡7 mil millones al año!

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – La corrupción continúa golpeando severamente a Honduras y provocando pérdidas millonarias al Estado, advirtió este sábado el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, quien señaló que el país pierde más de 7 mil millones de lempiras al año debido a este flagelo. El pronunciamiento fue realizado en Tegucigalpa, donde cuestionó la falta de voluntad política para combatir las redes de corrupción que operan dentro de las instituciones públicas y que, según afirmó, afectan directamente a millones de hondureños.

Hernández explicó que durante la última década la ASJ ha documentado cerca de 50 casos de lo que califican como “gran corrupción”, una modalidad que involucra a funcionarios, estructuras organizadas y redes de poder que causan perjuicios a nivel nacional.

El representante de ASJ indicó que algunos de los esquemas detectados incluyen presuntas operaciones de lavado de dinero para financiar campañas políticas mediante organizaciones no gubernamentales que, aunque cuentan con permisos legales, habrían sido utilizadas para desviar recursos públicos.

Asimismo, aseguró que Honduras posee un marco legal suficiente para prevenir y sancionar actos de corrupción; sin embargo, señaló que uno de los principales problemas radica en la falta de capacidad técnica y ética de muchos funcionarios públicos.

«Se colocan personas que no tienen la capacidad ni los valores para resistir órdenes ilegales«, expresó Hernández al referirse a la debilidad institucional que favorece la corrupción.

En materia económica, destacó que las pérdidas no solo se reflejan en los recursos desviados, sino también en el impacto social que generan. Según estudios citados por la organización, únicamente en el sector salud se pierde alrededor del 30 % del presupuesto destinado a medicamentos e insumos médicos debido a prácticas corruptas.

Hernández también cuestionó el desempeño de los organismos encargados de combatir la corrupción, entre ellos el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, al considerar que enfrentan limitaciones presupuestarias y operativas que dificultan el combate efectivo contra la impunidad.

Uno de los datos más preocupantes expuestos por el titular de ASJ es que la impunidad supera el 95 %, ya que de cada 100 denuncias por corrupción apenas cinco llegan a los tribunales y muchas de ellas concluyen sin sentencias condenatorias.

Ante este panorama, el dirigente de sociedad civil propuso fortalecer los sistemas de compras públicas, profesionalizar el servicio civil mediante procesos transparentes de contratación y mejorar los mecanismos de gestión estatal para reducir los espacios de corrupción.

Finalmente, reconoció como un avance la reciente aprobación de una estrategia nacional anticorrupción, aunque advirtió que su éxito dependerá de la existencia de una verdadera voluntad política para aplicarla y garantizar resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

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