Procurador General se pasó de v*rga y le metieron una denuncia
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Exempleados de la Procuraduría General de la República (PGR) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en Tegucigalpa contra el procurador general, Dagoberto Aspra, a quien señalan por la presunta retención ilegal de prestaciones laborales durante seis meses, discriminación y abuso de autoridad, luego de haber sido despedidos de sus cargos en febrero de este año y no recibir los pagos que, según afirman, ya cuentan con fondos asignados por la Secretaría de Finanzas.
La acción legal fue interpuesta por un grupo de exfuncionarios que aseguran haber agotado distintas vías para reclamar el pago de sus derechos laborales sin obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades de la institución.
De acuerdo con la denuncia, los afectados fueron separados de sus puestos en febrero del presente año y, desde entonces, continúan esperando el desembolso de sus prestaciones laborales.
Los exempleados sostienen que la Secretaría de Finanzas ya habría transferido los recursos económicos necesarios para cubrir las prestaciones correspondientes. Sin embargo, denuncian que la Procuraduría General de la República no ha procedido con los pagos.
Según los denunciantes, la institución ha argumentado razones de confidencialidad para no brindar detalles sobre la ejecución de dichos fondos, situación que consideran injustificada y perjudicial para quienes esperan el cumplimiento de sus derechos laborales.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público también incluye señalamientos por presunta discriminación y abuso de autoridad, cargos que ahora deberán ser objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
Los afectados afirmaron además que los trabajadores despedidos no pertenecen al partido político que actualmente se encuentra en el poder, una situación que, según sostienen, habría influido en las decisiones adoptadas dentro de la institución.
No obstante, hasta el momento no se han presentado públicamente pruebas que vinculen los despidos con motivaciones partidarias, por lo que corresponderá a las instancias encargadas determinar si existieron irregularidades en el proceso.
Los denunciantes manifestaron que esperan que el Ministerio Público investigue los hechos y determine si existió responsabilidad por la supuesta retención de prestaciones laborales y otros señalamientos contenidos en la denuncia.
Hasta ahora, la Procuraduría General de la República no ha emitido una posición pública sobre las acusaciones formuladas por los exempleados.
El caso se suma a una serie de reclamos laborales presentados en distintas instituciones del Estado y podría generar nuevas acciones legales en caso de que no se resuelva el pago de las prestaciones reclamadas.
