Otra barrida en gobierno: Mil activistas de Libre a la calle
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, anunció el despido de más de mil empleados públicos presuntamente vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre), como parte de un proceso de reestructuración impulsado por el nuevo Gobierno, mientras mantiene una demanda laboral por despido injustificado contra el Estado de Honduras, situación que ha generado cuestionamientos sobre la coherencia de su postura al promover cesantías masivas mientras reclama el reconocimiento de sus propios derechos laborales.
El congresista aseguró que varias instituciones del Estado ya comenzaron a ejecutar despidos, luego de que, según afirmó, el presidente Nasry Asfura instruyera dar oportunidad laboral a simpatizantes del Partido Nacional.
“Varias instituciones hicieron despidos, ya que el presidente Asfura fue claro y contundente en que hay que darle la oportunidad a gente del Partido Nacional”, declaró Uriarte, quien además adelantó que se prevén alrededor de 2,500 despidos adicionales en distintas dependencias estatales.
De acuerdo con el legislador, las plazas que queden vacantes serán destinadas prioritariamente a personas que contribuyeron al triunfo electoral del Partido Nacional y que cuenten con un perfil profesional adecuado, para lo cual planteó solicitar acceso al censo partidario.
“La gente que comenzó a laborar en 2022 en el gobierno de Libre es la que están despidiendo en las instituciones del Estado. Vamos a contratar gente que consiguió el voto para el Partido Nacional; son la primera opción que hay”, afirmó.
Uriarte también instó a profundizar los despidos en la administración pública, incluso en cargos que, según dijo, podrían derivar en futuras demandas laborales y representar elevados costos para el Estado.
Sin embargo, el propio diputado mantiene un proceso judicial contra el Instituto de la Propiedad (IP) por su despido durante la administración de la presidenta Xiomara Castro, cuando se desempeñaba como empleado de esa institución y presidente del sindicato.
El parlamentario explicó que su demanda busca el reconocimiento de salarios caídos y demás prestaciones laborales, al considerar que fue separado de su cargo sin una causa legal.
“Libre me despidió siendo presidente del sindicato, y es un derecho que yo tengo como todos los hondureños de interponer una demanda contra el Estado, porque fui violentado en mis derechos y me despidieron sin ninguna causal”, manifestó.
Asimismo, aseguró que no retirará la acción judicial y permitirá que siga su curso conforme a la ley. Indicó que laboró durante 20 años en el Instituto de la Propiedad, desde 2002 hasta 2022, con un salario mensual de 45 mil lempiras.
Uriarte rechazó que exista contradicción entre promover despidos y mantener una demanda contra el Estado, al considerar que su caso responde al ejercicio legítimo de un derecho laboral.
“No he hecho el cálculo, yo creo que no asciende ni a 600 mil lempiras”, expresó al referirse al monto estimado de su reclamación.
Las declaraciones del diputado han reavivado el debate político sobre la administración del empleo público y la congruencia entre el discurso de reducción de personal en el Estado y la defensa de derechos laborales mediante acciones judiciales contra la administración pública.
