Suman y siguen los casos de corrupción del gobierno anterior

TEGUCIGALPA, HONDURAS. –  La Comisión Técnica Liquidadora presentó su primer informe público sobre los procesos de supresión, liquidación y adscripción de varias instituciones del Estado, revelando hallazgos que incluyen presuntos usos irregulares de recursos públicos, desaparición de memorias y discos duros institucionales, elevados gastos en servicios de difusión y proyectos bajo auditoría. El informe fue expuesto durante una conferencia en el Salón Morazán de Casa Presidencial, en cumplimiento del decreto PCM 04-2026, con el objetivo de transparentar el manejo de fondos públicos y fortalecer la protección del patrimonio estatal.

Durante la presentación, el coordinador de la comisión, Ángel Antonio Mendoza, junto a los demás comisionados, detalló avances financieros, medidas de redistribución de bienes y una serie de hallazgos que, según indicaron, deberán ser investigados por los órganos de control y defensa del Estado.

Entre las cifras más relevantes figura el pago de 126 millones 486 mil 843 lempiras en prestaciones laborales, aunque todavía permanecen pendientes aproximadamente cinco millones 463 mil 715 lempiras con 85 centavos por cancelar.

La comisión también informó que la cancelación de contratos de arrendamiento ha generado un ahorro estimado de dos millones 927 mil 377 lempiras mensuales, equivalente a más de 35 millones de lempiras al año para las finanzas públicas.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la identificación de presuntos indicios de utilización de recursos estatales con fines político-partidarios, incluyendo gastos relacionados con alimentación, materiales promocionales y servicios de difusión.

Asimismo, los comisionados reportaron la permanencia en planillas de personal para el cual no se encontró evidencia suficiente sobre la prestación efectiva de servicios dentro de las instituciones intervenidas.

Otro hallazgo considerado grave por la comisión corresponde a la desaparición de memorias y discos duros de equipos institucionales, situación que no solo implica la pérdida física de activos, sino también de información pública cuyo destino se desconoce.

Ante este escenario, las autoridades anunciaron que promoverán las denuncias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

El informe también señala registros documentales de elevados costos por servicios de transmisión y difusión, incluyendo facturas con montos equivalentes a aproximadamente 70 mil lempiras por minuto de transmisión, situación que será sometida a auditorías técnicas y financieras para determinar su razonabilidad.

La Dirección General de Cinematografía figura entre las entidades bajo revisión, debido a que administra más de 60 millones de lempiras anuales destinados a proyectos culturales. La comisión indicó que se evaluará la relación entre la inversión realizada y los beneficios obtenidos para la población.

Por otra parte, el Instituto de la Memoria presenta, según el informe, escasa evidencia de funcionamiento operativo al momento de la intervención, aspecto que también será objeto de análisis.

Respecto al proyecto de construcción del Hospital Neonatal de Occidente, la comisión citó documentación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que refleja un avance físico del 27 por ciento de la obra, pese a que los desembolsos estatales ya superan los 118 millones de lempiras.

Además, se informó que parte del equipo biomédico adquirido para ese centro hospitalario permanece almacenado, mientras las garantías de los equipos continúan corriendo, situación que podría afectar la elegibilidad del financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En materia patrimonial, la comisión destacó la transferencia de 5,083 bienes estatales, valorados en aproximadamente 38 millones 625 mil 497 lempiras, hacia otras instituciones públicas para garantizar su aprovechamiento.

Finalmente, los comisionados aseguraron que las medidas impulsadas buscan reducir el gasto público, fortalecer la transparencia administrativa, proteger los recursos estatales y reorientar fondos hacia áreas prioritarias como salud y educación, mientras los expedientes con hallazgos relevantes continúan siendo remitidos a las instancias correspondientes para su evaluación e investigación.