Tremendo p*jeo con las cuentas se tienen en alcaldía de Choluteca
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público y notificó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informes que revelan indicios de responsabilidad penal en 13 procesos de embargo contra la alcaldía de Choluteca, luego de detectar irregularidades en demandas laborales, documentos judiciales y el traslado de fondos públicos por más de 32 millones de lempiras.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público y notificó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informes que revelan indicios de responsabilidad penal en 13 procesos de embargo contra la alcaldía de Choluteca, luego de detectar irregularidades en demandas laborales, documentos judiciales y el traslado de fondos públicos por más de 32 millones de lempiras.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público y notificó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informes que revelan indicios de responsabilidad penal en 13 procesos de embargo contra la alcaldía de Choluteca, luego de detectar irregularidades en demandas laborales, documentos judiciales y el traslado de fondos públicos por más de 32 millones de lempiras.
La investigación especial examinó 40 expedientes provenientes de juzgados de Choluteca y Olancho, relacionados con demandas que en conjunto ascienden a 953.6 millones de lempiras, correspondientes al período comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
DOCUMENTOS SIN RESPALDO Y PROCESOS DESCONOCIDOS
En el caso específico de Choluteca, el TSC revisó 13 demandas laborales contra la municipalidad por unos 13.5 millones de lempiras.
La auditoría encontró que los auxilios judiciales utilizados para ejecutar los embargos carecían de documentación de respaldo, pues no incluían acuerdos conciliatorios, autos de ejecución ni referencias claras a los documentos que supuestamente sustentaban las acciones.
Además, los 13 exhortos fueron presentados por un mismo abogado y tramitados por el Juzgado de Trabajo de Francisco Morazán sin que existiera evidencia de verificaciones documentales, electrónicas, institucionales o telefónicas.
El Juzgado de Choluteca, según el TSC, incluso desconoció la emisión de los documentos, así como las firmas, sellos y actuaciones que se les atribuían.
FONDOS PÚBLICOS TERMINARON EN CUENTAS JUDICIALES
La auditoría estableció que se realizaron embargos contra la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH) y que los fondos fueron trasladados a una cuenta del Juzgado de Trabajo de Francisco Morazán.
Posteriormente, se emitieron cheques de caja por 32 millones 545 mil 791.88 lempiras a favor del apoderado legal de las personas que figuraban como afectadas.
El TSC identificó además la participación de personas naturales, abogados, funcionarios y servidores judiciales vinculados con los procesos investigados.
Ante estos hallazgos, el ente contralor concluyó que existen indicios de responsabilidad penal y remitió el informe al Ministerio Público para que determine las acciones legales correspondientes.
TSC DETECTÓ IRREGULARIDADES EN OTROS 25 PROCESOS
El organismo también presentó otros dos informes relacionados con 25 demandas contra municipalidades de Olancho y Choluteca.
En estos casos se detectó que los Juzgados de Letras de Choluteca y Juticalpa no enviaron directamente a la Tesorería General de la República los oficios o copias de las sentencias firmes antes de ejecutar los embargos.
Los procesos involucraban montos por 921 millones 141 mil 303.51 lempiras.
El TSC recomendó al Poder Judicial remitir directamente las sentencias firmes a la Tesorería General y a las instituciones demandadas, de manera que los pagos se ajusten a la disponibilidad presupuestaria.
ALCALDE DENUNCIA MÁS IRREGULARIDADES POR CASI 100 MILLONES
Tras conocerse el informe, el alcalde de Choluteca, Eber Aplicano, aseguró que las irregularidades detectadas en la municipalidad rondarían los 100 millones de lempiras.
El edil afirmó que desde que asumió el cargo ordenó investigaciones sobre contratos presuntamente irregulares y posibles falsificaciones de documentos.
Según Aplicano, se han encontrado anomalías en contratos de empleados y colaboradores, pavimentación de calles y otras obras que ya habrían sido pagadas pese a no contar con firmas correspondientes.
También señaló que únicamente en el área de bienes municipales existiría un faltante de aproximadamente 19 millones de lempiras.
El alcalde agregó que el exalcalde Quintín Soriano renunció a su cargo como regidor y que varios de sus colaboradores abandonaron sus puestos antes de que iniciara su administración, situación que, según dijo, complicó la localización de documentación relacionada con contratos y otros procesos.
Ahora corresponderá al Ministerio Público determinar si los hallazgos del TSC constituyen delitos y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder a las personas involucradas.
