Caza transnacional del disidente: Cómo el régimen de Nicaragua ordenó el asesinato de opositor
COSTA RICA / NICARAGUA. – Un informe de investigación judicial en Costa Rica revelado en marzo de 2025 señala que sectores del gobierno de Nicaragua, mediante presuntas estructuras de inteligencia y redes criminales, habrían coordinado el asesinato del excomandante disidente Roberto Samcam, ocurrido en junio de 2025 en Costa Rica, a través de sicarios contratados en el extranjero, con el objetivo de eliminar a opositores políticos que denunciaban la represión del régimen.
La investigación, citada por InSight Crime a partir de documentos obtenidos por CR Hoy, detalla que el crimen se habría ejecutado mediante una operación transnacional planificada, en la que participaron intermediarios, redes paramilitares y presuntos contactos dentro del sistema penitenciario costarricense, en un contexto de persecución contra exiliados nicaragüenses críticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes habrían sido señalados por organismos internacionales de consolidar un aparato estatal de control y represión.
Los documentos judiciales apuntan a que el asesinato de Samcam no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de persecución sistemática contra opositores en el exilio, especialmente tras las protestas de 2018 en Nicaragua, que derivaron en miles de solicitudes de asilo y en denuncias internacionales por violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y represión política.
De acuerdo con las investigaciones, Samcam —exmilitar sandinista convertido en crítico del régimen— habría sido considerado un objetivo por su rol como denunciante internacional, su presunta colaboración con organismos como Naciones Unidas y por la información que aportaba sobre estructuras de inteligencia y presuntos vínculos del Estado con redes criminales, lo que lo colocó en la mira de una red que, según los investigadores, operaría más allá de las fronteras de Nicaragua.
El caso ha generado alarma internacional debido a las implicaciones de una posible estructura estatal de persecución extraterritorial, en la que opositores no solo serían vigilados dentro del país, sino también perseguidos y eliminados en el exilio mediante redes criminales tercerizadas, según las hipótesis planteadas por las autoridades costarricenses citadas en la investigación.
